La alcaldesa de Aliança Catalana justifica la medida por «razones de higiene y convivencia», mientras entidades sociales y partidos de la oposición denuncian discriminación religiosa
La alcaldesa de Ripoll, Sílvia Orriols, ha ordenado la prohibición del uso del burquini en la piscina municipal de la localidad, una decisión que ha desatado una fuerte controversia política y social. La medida, que fue comunicada esta semana a través de un bando municipal, impide el acceso a las instalaciones acuáticas a las mujeres que utilicen esta prenda de baño de cuerpo completo, habitualmente empleada por mujeres musulmanas por motivos religiosos.
Orriols, líder del partido independentista de ultraderecha Aliança Catalana, justificó la decisión alegando motivos de «higiene, seguridad y neutralidad institucional».
“No aceptaremos símbolos que representen sumisión ni segregación por motivos religiosos en espacios públicos. La piscina es un lugar de convivencia e igualdad, y no debe ser un escaparate de integrismos”, declaró la alcaldesa en rueda de prensa.
Reacciones inmediatas: críticas por islamofobia
La medida ha provocado una oleada de reacciones en contra por parte de asociaciones vecinales, entidades pro derechos humanos y partidos políticos tanto a nivel local como autonómico. La plataforma Unitat Contra el Feixisme i el Racisme la ha calificado de “discriminatoria e islamófoba”, y ha anunciado que estudia acciones legales por posible vulneración del derecho a la libertad religiosa.
Desde la oposición municipal, ERC y el PSC han condenado la decisión y han pedido la retirada inmediata de la norma. La portavoz socialista, Núria Ayats, acusó a Orriols de “utilizar el ayuntamiento como altavoz de sus prejuicios personales” y de “poner en riesgo la cohesión social de Ripoll”.
En redes sociales, el debate se ha viralizado rápidamente, dividiendo a la opinión pública entre quienes defienden la medida como un gesto de “laicismo y modernidad” y quienes la ven como un ataque frontal a las minorías religiosas.
¿Qué dice la ley?
Expertos en derecho constitucional y libertades públicas advierten que la decisión podría vulnerar el artículo 14 de la Constitución Española, que garantiza la igualdad ante la ley sin discriminación por razón de religión o creencias. Además, recuerdan que en otros municipios y países, prohibiciones similares han sido revocadas por los tribunales.
“El burquini no supone ningún riesgo higiénico ni de seguridad mayor que otras prendas deportivas. Esta medida podría ser interpretada como una limitación desproporcionada de la libertad religiosa”, señala Cristina Pou, abogada especializada en derechos fundamentales.
La Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) también ha expresado su preocupación y ha solicitado un informe jurídico sobre la legalidad de este tipo de ordenanzas.
Tensión creciente en Ripoll
Ripoll, localidad de poco más de 10.000 habitantes, ha sido en los últimos años escenario de un debate creciente sobre inmigración y convivencia cultural, especialmente tras los atentados de Barcelona y Cambrils en 2017, en los que estuvieron implicados jóvenes del municipio. Orriols ha hecho de este discurso uno de los ejes de su acción política, con mensajes que han sido tildados de xenófobos por sus adversarios.
Su partido, Aliança Catalana, obtuvo la alcaldía en 2023 tras convertirse en la fuerza más votada con un mensaje centrado en el rechazo a la inmigración musulmana, el independentismo radical y el orden público.
Próximos pasos
Diversas entidades ya han anunciado movilizaciones y protestas frente al Ayuntamiento de Ripoll para exigir la revocación de la norma. Mientras tanto, el Síndic de Greuges (Defensor del Pueblo catalán) ha abierto una investigación de oficio sobre el caso.
La controversia sobre el burquini vuelve así al centro del debate sobre la laicidad, la libertad religiosa y la convivencia en los espacios públicos. Esta vez, con el foco en un pequeño municipio catalán que se ha convertido en símbolo de una polarización que sigue creciendo.
