El Tribunal de Instancia de Villena, Sección Civil y de Instrucción nº 2, ha incoado las diligencias previas 638/2026 después de una denuncia presentada por la Asociación para la Defensa del Estado de Derecho y la Lucha contra la Corrupción (ADED). La denuncia plantea la posible existencia de un delito de daños por imprudencia relacionado con las medidas de protección del Tesoro.
La investigación afecta al alcalde de Villena, Fulgencio Cerdán, a la tercera teniente de alcalde y responsable de Patrimonio Cultural, María Server, a la directora del Museo de Villena (MUVI), Laura Hernández, y a la persona responsable de la seguridad del centro.
El juzgado ha dado traslado de las actuaciones a la Fiscalía, para que informe sobre la procedencia de un posible sobreseimiento. Por tanto, la apertura de diligencias constituye una fase inicial de investigación y no equivale a una acusación firme ni a una condena.
El origen de la denuncia
Según la información publicada por EFE y Europa Press, la asociación denunciante sostiene que el sistema de custodia del Tesoro cambió con su traslado al nuevo MUVI en 2024.
Durante décadas, el conjunto había permanecido en la Casa Consistorial, dentro de un cofre de hierro y en una estancia protegida, con vigilancia permanente de la Policía Local. Con la apertura del nuevo museo se sustituyó ese sistema por la exposición de las piezas originales en vitrinas, con medidas de protección fundamentalmente físicas y electrónicas.
El 27 de agosto de 2026, unos ladrones entraron en el museo y sustrajeron piezas del Tesoro de Villena, una colección de orfebrería de la Edad del Bronce compuesta por 66 piezas y alrededor de 10 kilos de oro. La investigación sobre el robo continúa en paralelo.
Investigación judicial y comisión municipal
Además de la vía judicial, el Ayuntamiento ha creado una comisión especial de investigación para analizar las circunstancias del robo, el traslado del Tesoro al MUVI y las medidas de seguridad existentes. Está prevista la comparecencia de 17 personas, entre ellas responsables políticos y técnicos de distintas administraciones.
El propio Ayuntamiento ha defendido que la denuncia carece de recorrido y que la documentación disponible permitirá aclarar las circunstancias cuando sea requerida por el juzgado.
En síntesis: el dato jurídicamente relevante es que se han abierto diligencias para investigar una posible imprudencia en la custodia y protección del Tesoro. Todavía no existe una resolución judicial que determine responsabilidad penal del alcalde, de la directora del museo o de los demás afectados.
