La Secretaría de Estado de Comunicación ha confirmado que Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha hecho uso en varias ocasiones del avión oficial Falcon para desplazamientos de carácter personal. Además, ha reconocido que la primera dama dispone de un pasaporte diplomático, una circunstancia que ha generado debate político y mediático en los últimos días.
Según fuentes del Ejecutivo, el uso del Falcon por parte de Gómez se ha realizado “dentro del marco legal y siguiendo los protocolos habituales de seguridad que rigen para los familiares del presidente del Gobierno”. Desde Moncloa aseguran que estos desplazamientos se han producido cuando coincidían con viajes oficiales del presidente o por motivos de seguridad recomendados por el Departamento de Seguridad del Estado.
Respecto al pasaporte diplomático, el Gobierno ha explicado que su concesión está amparada por el Real Decreto 1023/2009, que regula la expedición de pasaportes diplomáticos a determinados cargos y sus acompañantes. En este contexto, se argumenta que la condición de cónyuge del presidente del Gobierno permite, aunque no obliga, la emisión de dicho documento.
La revelación ha sido recibida con duras críticas por parte de varios grupos de la oposición, que acusan al Gobierno de “privilegios injustificados” y “uso arbitrario de recursos públicos”. El líder del principal partido de la oposición ha anunciado que exigirá explicaciones formales en el Congreso y pedirá acceso al listado completo de vuelos realizados en los últimos dos años por la esposa del presidente.
Desde el entorno de Pedro Sánchez restan importancia a la polémica y acusan a la oposición de querer desviar la atención de “asuntos de mayor relevancia para la ciudadanía”. No obstante, el asunto ha abierto un nuevo frente para el Gobierno, en un contexto de creciente escrutinio sobre la figura de Begoña Gómez tras las investigaciones judiciales y mediáticas que han surgido en torno a sus actividades profesionales.
Diversos analistas señalan que, aunque legal, el uso de recursos públicos por parte de figuras no electas sigue siendo un terreno delicado en términos de percepción pública, especialmente en momentos de tensión política y económica.
Está previsto que el Gobierno ofrezca una comparecencia en los próximos días para aclarar todos los extremos relacionados con este asunto y tratar de zanjar la controversia.
Opinión | El privilegio como problema político
Cuando un Gobierno necesita justificar el uso de un avión oficial para fines privados o la concesión de un pasaporte diplomático a una figura sin cargo público, el problema no es solo legal. Es, sobre todo, político. Y simbólico. El reciente reconocimiento de Moncloa de que Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha utilizado el Falcon para desplazamientos personales y posee un pasaporte diplomático, no puede despacharse con el argumento de la “normalidad protocolaria”. Porque no lo es.
Desde el punto de vista estrictamente jurídico, puede que no haya ninguna ilegalidad. El Reglamento permite ese pasaporte. Y los dispositivos de seguridad del Estado pueden recomendar determinados medios de transporte. Pero en política, lo legal no siempre es lo legítimo. Y lo legítimo, en una democracia madura, se mide también por el ejemplo, la austeridad y la transparencia.
Pedro Sánchez ha construido parte de su narrativa pública sobre la regeneración, la ética institucional y el “juego limpio” frente a los excesos de otros tiempos. Pero cuando su entorno más cercano, especialmente su pareja, se ve envuelto en una cadena de polémicas —relaciones con empresas, contratos públicos, y ahora privilegios de transporte y documentación—, la coherencia empieza a erosionarse. Y con ella, la credibilidad.
Lo más preocupante no es el Falcon. Ni siquiera el pasaporte. Lo preocupante es la sensación creciente de que en las alturas del poder se sigue operando con una lógica de excepción: lo que para un ciudadano común sería impensable, para quienes se mueven entre despachos oficiales se vuelve habitual, hasta banal.
En política, las formas importan. El uso simbólico de recursos del Estado por parte de familiares de altos cargos reaviva la percepción de una élite desconectada, con derechos especiales y escasos controles. Y esa percepción, alimentada por la falta de explicaciones contundentes o gestos de contención, puede resultar letal en términos electorales.
Si el Gobierno quiere cerrar este episodio, no bastará con tecnicismos. Hará falta humildad, pedagogía y, quizá, una rectificación. Porque cuando la política pierde el pulso moral, hasta los vuelos más altos acaban por estrellarse.
Por: Miche
