Organizaciones alertan de una presión migratoria sostenida mientras crece el debate sobre el control de fronteras y la integración

España ha recibido más de 350.000 inmigrantes en situación irregular entre 2017 y 2024, según datos acumulados del Ministerio del Interior y de organizaciones internacionales como Frontex y la OIM. La cifra, que incluye entradas por mar, vía terrestre en Ceuta y Melilla, y personas que permanecen en el país tras agotar sus visados, ha reavivado la discusión sobre la eficacia y el enfoque de las políticas migratorias de los gobiernos del PSOE y del PP.

Los expertos coinciden en que, más allá de las cifras, lo preocupante es la tendencia sostenida al alza y la ausencia de un consenso político claro sobre cómo afrontar el fenómeno, especialmente en lo que respecta a las llegadas por las rutas del Mediterráneo Occidental y el Atlántico hacia Canarias.

“España es puerta de entrada a Europa, y las políticas de contención han demostrado ser, como mínimo, insuficientes. Ni los socialistas ni los populares han logrado articular una respuesta sólida y duradera”, señala Marta Jiménez, investigadora en migraciones del Instituto Elcano.

Llegadas por mar y vulnerabilidad

De los más de 350.000 inmigrantes irregulares que han llegado en este período, más de 200.000 lo han hecho por vía marítima, principalmente desde Marruecos, Mauritania y el África Subsahariana. La ruta hacia Canarias ha experimentado un repunte especialmente grave desde 2020, cuando se reactivó tras el cierre de otras rutas europeas.

Organizaciones humanitarias denuncian que los migrantes llegan en condiciones extremadamente precarias, y muchos son víctimas de mafias o de naufragios. Solo en lo que va de 2024, más de 1.200 personas han muerto o desaparecido en el Atlántico, según la ONG Caminando Fronteras.

Políticas de PSOE y PP: discursos distintos, resultados similares

Ambos partidos han recibido críticas por su enfoque ante la inmigración irregular. Durante sus años de gobierno, tanto el PSOE como el PP han alternado discursos firmes con medidas de regularización, reforzamiento de fronteras y acuerdos bilaterales con países de origen.

El Ejecutivo de Pedro Sánchez, por ejemplo, ha sido señalado por su estrategia de “acogida humanitaria”, que, según sectores conservadores, ha actuado como un “efecto llamada”. En paralelo, su gobierno ha firmado nuevos convenios con países africanos para mejorar la vigilancia costera, al tiempo que ha impulsado la regularización por arraigo social.

Por su parte, el PP, al frente del Gobierno hasta 2018, endureció el control fronterizo y mantuvo las llamadas “devoluciones en caliente”, lo que le valió críticas de organismos internacionales de derechos humanos. No obstante, los flujos migratorios irregulares no se redujeron significativamente.

“Al final, PSOE y PP han gestionado con enfoques matizados, pero los resultados han sido similares: aumento de llegadas, saturación de recursos y una integración desigual”, apunta el sociólogo Josep Roig, especialista en políticas públicas.

El reto de la integración y la presión sobre los servicios

La llegada constante de inmigrantes irregulares ha desbordado en varios momentos los recursos de acogida, especialmente en Canarias, Almería, Ceuta y Melilla, donde se han levantado dispositivos de emergencia. También ha generado tensiones en barrios de grandes ciudades, donde la falta de medios complica la integración y alimenta discursos polarizados.

A nivel local, alcaldes y ONG reclaman más apoyo económico del Estado y una estrategia de integración a largo plazo que incluya empleo, vivienda y educación.

Un tema central para las elecciones

Con la inmigración convertida en uno de los principales focos del debate público, y el auge de partidos que exigen una política más restrictiva, como Vox, el asunto se perfila como clave en la agenda electoral de los próximos comicios.

Tanto desde la derecha como desde la izquierda, la presión aumenta para que el Estado reformule su enfoque: más allá del control fronterizo, se exige una política migratoria integral, realista y ajustada a las necesidades del país y los derechos humanos.