El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, continúa sin hacer pública la relación de regalos y obsequios institucionales recibidos durante su mandato. La situación se mantiene desde 2023, cuando el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) cuestionó la falta de un inventario detallado y recomendó al Ejecutivo adoptar criterios de rendición de cuentas similares a los aplicados por otras instituciones del Estado.

La controversia se originó tras varias solicitudes de acceso a la información presentadas por ciudadanos a través del Portal de Transparencia. En sus respuestas, la Presidencia del Gobierno sostuvo que los regalos recibidos por el jefe del Ejecutivo no se harán públicos hasta que abandone el cargo, momento en el que serán incorporados al patrimonio de la Administración General del Estado. Mientras tanto, los obsequios permanecen custodiados en dependencias oficiales y únicamente son objeto de una anotación interna básica sobre las circunstancias de su recepción.

El CTBG concluyó que no podía obligar a facilitar una información que, formalmente, no existe como documento o inventario específico. No obstante, el organismo reprochó al Ejecutivo que esta práctica no se ajusta a los estándares actuales de transparencia y recordó que otras instituciones, como la Casa del Rey, publican anualmente una relación detallada de los regalos institucionales recibidos, incluyendo la identidad del destinatario, la fecha de entrega y la procedencia del obsequio.

La falta de información ha derivado en procedimientos judiciales ante la Audiencia Nacional impulsados por particulares que reclaman conocer no solo la naturaleza de los regalos recibidos por el presidente, sino también las condiciones de custodia, su posible uso personal y el tratamiento fiscal de estos bienes.

Este debate coincide con el impulso de nuevas medidas de integridad pública y regeneración democrática anunciadas por el Gobierno en los últimos meses. Sin embargo, distintos informes independientes han advertido de retrasos significativos en la aplicación de los compromisos adquiridos en materia de transparencia y lucha contra la corrupción. Un año después de la presentación del Plan Estatal de Lucha contra la Corrupción, ninguna de las medidas anunciadas ha sido implementada en su totalidad.

Desde el Ejecutivo se insiste en la necesidad de reforzar la cultura de la transparencia en las instituciones públicas. El propio Sánchez afirmó recientemente en el Congreso que «la transparencia es sinónimo de avance y de consolidación de la cultura democrática». No obstante, la ausencia de información sobre los regalos institucionales que recibe el presidente continúa siendo uno de los principales puntos de fricción entre el Gobierno y los organismos de control.