La Comisión Europea ha emitido un contundente dictamen en el que cuestiona la ley de amnistía impulsada por el Gobierno de Pedro Sánchez, afirmando ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que la medida «no responde al interés general», sino que deriva de un «acuerdo político» orientado exclusivamente a facilitar la investidura del presidente del Ejecutivo español.

El informe, que responde a una petición de pronunciamiento preliminar presentada por el juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón, expone las preocupaciones de la Comisión sobre los fundamentos de la ley aprobada por el Parlamento español en junio de 2024, que beneficia a implicados en el «procés» y en disturbios posteriores, incluidos casos de terrorismo como el de Tsunami Democràtic.

Según fuentes comunitarias, la Comisión no entra a valorar la constitucionalidad de la norma —un asunto que corresponde exclusivamente al Tribunal Constitucional español—, pero sí expresa dudas sobre su encaje en el derecho comunitario, especialmente en lo que respecta a la lucha contra la impunidad de los delitos graves, como el terrorismo, y a la protección del Estado de Derecho.

“La Comisión observa que la motivación de la ley parece responder a un compromiso político coyuntural más que a una necesidad objetiva de justicia o reconciliación nacional”, recoge el escrito, subrayando que el interés general que debe guiar una medida de amnistía no puede supeditarse a conveniencias de gobernabilidad.

Críticas internas y externas

El dictamen refuerza las posiciones de los partidos de la oposición en España, especialmente el Partido Popular y Vox, que han acusado reiteradamente al presidente Sánchez de «mercadear con la legalidad» para asegurarse la continuidad en el poder. Desde Bruselas, aunque con un tono técnico, se lanza un mensaje claro sobre la preocupación que genera en Europa el uso de herramientas legislativas excepcionales como moneda de cambio política.

La ley de amnistía ha sido objeto de una intensa polémica desde su concepción. Fruto de las negociaciones entre el PSOE y los partidos independentistas catalanes, la norma ha sido presentada por el Gobierno como una apuesta por la “reconciliación” y la “normalización institucional” tras los años de conflicto político en Cataluña. No obstante, para numerosos juristas y actores internacionales, esta justificación resulta insuficiente para amparar el perdón judicial a delitos que podrían estar vinculados con acciones violentas o antidemocráticas.

El TJUE, ante un caso clave

El Tribunal de Justicia de la UE tendrá ahora que pronunciarse sobre la compatibilidad de esta amnistía con el derecho europeo, en particular con los principios de no impunidad, separación de poderes y cooperación judicial entre Estados miembros. Aunque su decisión no invalidará automáticamente la ley, sí podría tener efectos demoledores sobre su aplicación práctica, especialmente si se determina que infringe normas comunitarias relativas a la lucha contra el terrorismo o la protección judicial efectiva.

El pronunciamiento final del TJUE se espera para finales de 2025 o principios de 2026, pero mientras tanto, la sombra de Bruselas se cierne sobre una de las decisiones más controvertidas del segundo mandato de Pedro Sánchez.