El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha sufrido un revés político tras fracasar en su intento de influir en la renovación de dos salas clave del Tribunal Supremo. El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), pese a estar en funciones, ha bloqueado la propuesta del Ejecutivo de promover perfiles afines al Gobierno en la Sala de lo Contencioso-Administrativo y en la de lo Penal.
Fuentes jurídicas indican que Bolaños buscaba impulsar candidaturas de sensibilidad progresista en ambas salas, especialmente sensibles por su papel en decisiones relativas a recursos contra actos del Gobierno y en casos de especial trascendencia penal, como los que afectan a aforados y altos cargos.
Sin embargo, la mayoría conservadora del CGPJ impuso su criterio, y las propuestas del entorno del Ministerio de Justicia no lograron la mayoría necesaria para salir adelante.
Una maniobra en un clima institucional enrarecido
El intento de Bolaños se enmarca en el prolongado bloqueo en la renovación del Consejo General del Poder Judicial, cuyo mandato lleva más de cinco años caducado. A pesar del reciente acuerdo entre PSOE y PP para reformar el sistema de elección del órgano de gobierno de los jueces, las tensiones entre el Ejecutivo y el poder judicial no han desaparecido.
“El Gobierno debe respetar la independencia judicial. No se puede plantear una colonización de las salas por afinidades ideológicas”, señalaron desde asociaciones judiciales críticas con la iniciativa.
Desde el entorno del ministro niegan cualquier intento de control político y aseguran que el objetivo era “modernizar y renovar los órganos judiciales conforme a los principios constitucionales”.
Las salas en cuestión
La Sala de lo Contencioso-Administrativo es la encargada de resolver recursos contra decisiones del propio Ejecutivo, como indultos, nombramientos o medidas de alcance nacional. La Sala de lo Penal, por su parte, tiene competencia directa sobre aforados como diputados, senadores o miembros del Gobierno.
El control indirecto de estas salas ha sido históricamente objeto de disputa entre los grandes partidos, aunque la opinión pública y los propios jueces han alertado cada vez más sobre la necesidad de blindar su independencia.
Reacciones políticas
Desde la oposición, el Partido Popular ha acusado al Gobierno de intentar “politizar la justicia”, mientras que desde el PSOE se ha defendido la actuación de Bolaños como un esfuerzo por equilibrar un órgano que consideran “secuestrado por una mayoría caducada”.
El revés se suma a una serie de dificultades que enfrenta el ministro en su intento de avanzar en una reforma profunda de la Justicia, marcada por el bloqueo institucional, la falta de consenso político y la creciente desconfianza entre poderes del Estado.
El episodio confirma la fragilidad del equilibrio institucional en un momento clave para la justicia española, mientras se reabre el debate sobre cómo garantizar una separación real y efectiva de poderes.
