La relación entre Madrid y Rabat dio un giro estratégico en 2022, coincidiendo con la crisis provocada por el espionaje mediante Pegasus a los teléfonos del presidente Pedro Sánchez y varios ministros. Desde entonces, el Gobierno español ha canalizado hacia Marruecos más de 1.000 millones de euros entre ayudas, préstamos y compromisos financieros, según distintas recopilaciones publicadas en los últimos años.

La cifra ha adquirido una especial relevancia política por el contexto en el que se produce. En mayo de 2022 se conoció que los teléfonos del presidente Pedro Sánchez y de varios miembros de su Gobierno habían sido infectados con el programa espía Pegasus. La investigación judicial no ha identificado públicamente a los responsables del ataque, aunque distintas investigaciones periodísticas señalaron a Marruecos como posible origen. Rabat ha negado reiteradamente cualquier implicación.

Poco antes de que el espionaje se hiciera público, España había iniciado un profundo cambio en su relación con Marruecos. En marzo de 2022, Sánchez defendió públicamente el nuevo acuerdo bilateral con Rabat y presentó la relación como una etapa de «cooperación reforzada».

A partir de entonces, la cooperación económica experimentó un fuerte crecimiento. Diversas informaciones periodísticas sitúan en torno a 1.000 millones de euros el volumen acumulado de ayudas y préstamos concedidos o comprometidos por el Gobierno español para Marruecos durante la etapa de Sánchez.

De la crisis diplomática al acercamiento

El cambio de política tuvo también una dimensión geopolítica. España pasó a respaldar en 2022 una posición favorable al plan marroquí de autonomía para el Sáhara Occidental, decisión que provocó un importante deterioro de las relaciones con Argelia y abrió una nueva etapa de estrecha cooperación con Rabat.

La lógica del Ejecutivo español ha sido presentada en términos de interés nacional: cooperación migratoria, lucha contra el terrorismo, seguridad fronteriza, comercio e inversiones. Marruecos es, además, un socio económico de enorme importancia para España. El Ministerio de Economía señala que España es el principal socio comercial de Marruecos, con intercambios bilaterales superiores a los 22.500 millones de euros.

Pero el volumen de recursos públicos destinados a Marruecos ha alimentado las críticas de la oposición, que cuestiona si el Gobierno ha realizado demasiadas concesiones a Rabat.

¿Una consecuencia de Pegasus?

Aquí es donde resulta necesario separar los hechos de las interpretaciones políticas.

Está acreditado que el espionaje mediante Pegasus se produjo y que Sánchez fue uno de los objetivos. También es cierto que el gran giro de la política española hacia Marruecos se produjo en 2022 y que posteriormente aumentaron los mecanismos de cooperación y financiación bilateral.

Sin embargo, no está demostrado que los más de 1.000 millones de euros fueran entregados a Marruecos como consecuencia del espionaje a Sánchez, ni existe una resolución judicial que establezca que el Gobierno español tomó esas decisiones financieras para compensar a Rabat por el caso Pegasus.

La investigación española sobre Pegasus llegó a reabrirse en 2024 después de que Francia aportara nuevos elementos relacionados con ataques similares. El objetivo declarado de la investigación era determinar quién estuvo detrás de las infecciones, sin que las autoridades españolas hubieran identificado públicamente a un responsable.

Por ello, afirmar que «Sánchez financió Marruecos para pagar el espionaje Pegasus» iría más allá de lo que permiten demostrar las pruebas disponibles.

Más de 1.000 millones y una relación cada vez más estrecha

La cuestión que sí puede plantearse es otra: por qué España ha aumentado de manera tan significativa su cooperación financiera con Marruecos precisamente después de la crisis de 2022.

Las cifras recopiladas por distintos medios han ido aumentando con el paso del tiempo. En 2025 ya se hablaba de alrededor de 1.000 millones de euros en ayudas y préstamos, mientras que posteriores recopilaciones sitúan el dinero público comprometido por los gobiernos de Sánchez por encima de esa cantidad.

El Gobierno defiende que esta política responde a los intereses estratégicos españoles. Marruecos es fundamental para el control migratorio, la seguridad del Estrecho y la cooperación antiterrorista, además de constituir un mercado prioritario para las empresas españolas.

Sus críticos sostienen, en cambio, que Madrid ha asumido un coste demasiado elevado a cambio de una relación de dependencia respecto a Rabat, especialmente en asuntos como el Sáhara Occidental, Ceuta, Melilla y la inmigración.

Un debate que sigue abierto

La controversia, por tanto, no se limita a una cifra. El verdadero debate es si el cambio de política exterior emprendido por Sánchez en 2022 ha producido suficientes beneficios para España en relación con los recursos públicos y las concesiones diplomáticas realizadas.

Lo que puede documentarse es el incremento de la cooperación financiera y económica con Marruecos y su coincidencia temporal con el giro diplomático de 2022. Lo que no puede darse por demostrado es que exista una relación causal entre el espionaje Pegasus y las decisiones posteriores de financiación.

La cuestión adquiere todavía mayor importancia ante las actuales tensiones sobre Ceuta y la relación con Rabat. La propia respuesta política de Sánchez a las acusaciones de estar condicionado por Marruecos continúa generando un intenso debate parlamentario.

Más de 1.000 millones de euros, un cambio histórico de la política española hacia el Sáhara y una investigación de espionaje todavía marcada por incógnitas conforman una de las relaciones exteriores más controvertidas de la etapa de Pedro Sánchez.