El sector de la educación privada ha anunciado una ofensiva jurídica contra el Gobierno tras la aprobación del decreto universitario impulsado por el Ejecutivo de Pedro Sánchez. La Fundación Universitaria San Pablo CEU ha confirmado la interposición de un recurso ante el Tribunal Supremo, al considerar que la nueva norma vulnera principios básicos del sistema universitario y profundiza en lo que califica como una “dinámica de crispación” con el sector.

Según ha señalado la institución, el decreto introduce cambios que afectan de forma directa a la autonomía universitaria, al marco de creación y funcionamiento de centros privados y a la seguridad jurídica del sistema. Desde el CEU se sostiene que la norma se ha aprobado “sin consenso” y sin un diálogo real con las universidades privadas, a las que se acusa de “señalar y estigmatizar”.

Defensa de la autonomía universitaria

En un comunicado, la entidad promotora del recurso subraya que el decreto “invade competencias”, establece requisitos que consideran “discriminatorios” y genera un escenario de incertidumbre que podría poner en riesgo proyectos educativos y de investigación ya en marcha.

“El problema no es la regulación, sino el enfoque ideológico con el que se ha planteado, enfrentando modelos educativos en lugar de buscar la convivencia y la calidad del sistema”, señalan fuentes del CEU, que insisten en que la educación privada forma parte del ecosistema universitario español y cumple una función complementaria a la pública.

Malestar creciente en el sector

La decisión de acudir al Supremo refleja un malestar creciente entre universidades privadas, centros educativos y patronales del sector, que en las últimas semanas han advertido del impacto del decreto en la libertad de enseñanza y en la competitividad internacional del sistema universitario español.

Algunas organizaciones han alertado también de que la norma podría afectar a la atracción de talento, a la inversión educativa y a la estabilidad de miles de puestos de trabajo vinculados a la enseñanza superior privada.

El Gobierno defiende la reforma

Por su parte, el Ejecutivo ha defendido el decreto como una herramienta para “garantizar la calidad, la transparencia y el interés general” en el sistema universitario, negando que exista una persecución ideológica y asegurando que la norma busca evitar prácticas irregulares y reforzar los estándares académicos.

No obstante, el recurso anunciado por el CEU abre un nuevo frente judicial que podría retrasar la aplicación efectiva del decreto y prolongar el debate político y educativo en torno al modelo universitario.

Un conflicto que llega a los tribunales

Con la presentación del recurso ante el Tribunal Supremo, el enfrentamiento entre el Gobierno y una parte del sector educativo privado da un salto cualitativo y se traslada al ámbito judicial. El fallo que se adopte podría marcar un precedente relevante para el futuro de la regulación universitaria en España.