Hay fenómenos que desafían la lógica, la física y hasta la paciencia del funcionario más curtido. Uno de ellos es la capacidad del Estado español para colapsar cualquier ventanilla administrativa en tiempo récord. El otro, más sorprendente aún, es convertir ese colapso en una aparente historia de éxito político.

La llamada Ley de Nietos, oficialmente Ley de Memoria Democrática, nació con la promesa de reparar agravios históricos y estrechar lazos con los descendientes de españoles repartidos por el mundo. El resultado ha sido una avalancha de solicitudes de nacionalidad que ha puesto a los consulados a trabajar a un ritmo digno de una cadena de montaje industrial. Más de dos millones de personas han mostrado interés en obtener la nacionalidad española y más de un millón de expedientes han llegado ya a las oficinas consulares.

Mientras tanto, algunos consulados se han convertido en auténticas catedrales burocráticas. En América hispana, las colas, las citas imposibles y los retrasos han alcanzado categoría de patrimonio cultural inmaterial. Los propios informes y medios especializados llevan años alertando del atasco administrativo y de la insuficiencia de recursos para absorber semejante volumen de expedientes.

Pero donde unos ven un desafío administrativo, otros ven una oportunidad estadística. Porque nada luce mejor en una presentación política que millones de nuevos ciudadanos agradecidos, aunque todavía estén esperando una cita, una credencial o una respuesta automática del consulado correspondiente.

La ironía es que el éxito de la medida parece medirse por el número de expedientes acumulados. Cuantas más solicitudes llegan, mayor es la celebración institucional. Da igual que los funcionarios trabajen al límite o que los plazos se estiren como un chicle. Lo importante es la cifra. En la política contemporánea, los números tienen más valor que los calendarios.

Por supuesto, reconocer el derecho de los descendientes de españoles a recuperar vínculos familiares e históricos es una cuestión legítima y defendible. Lo discutible es vender una operación administrativa mastodóntica como si fuera un trámite sencillo. Es como inaugurar una autopista para luego sorprenderse de que aparezcan coches.

Al final, el verdadero protagonista de esta historia no es ningún partido ni ningún ministro. Es el funcionario consular que, armado con un sello, una impresora que falla los martes y una montaña de expedientes que ya parece visible desde la órbita terrestre, intenta demostrar cada día que la burocracia española sigue siendo una fuerza de la naturaleza.

Y quizá ahí resida la lección. En España no hace falta magia para multiplicar ciudadanos. Basta con una ley ambiciosa, unos consulados desbordados y una fe inquebrantable en que la siguiente ventanilla resolverá lo que la anterior no pudo.