Un tribunal belga ha autorizado el bloqueo de fondos que la empresa pública Enaire debía recibir, en ejecución de laudos arbitrales internacionales a favor de inversores afectados por los recortes a las primas de la energía verde.
Nuevo revés judicial internacional para España en el conflicto de las energías renovables. La justicia belga ha dado luz verde a una orden de embargo que ha conseguido bloquear más de 200 millones de euros pertenecientes al Estado español. La medida se ha ejecutado sobre cuentas bancarias que reciben pagos de Eurocontrol (organismo europeo de gestión del tráfico aéreo) destinados a Enaire, la empresa pública que gestiona la navegación aérea en España.
Este embargo es la consecuencia directa del impago de varios laudos del CIADI (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones) y otros tribunales de arbitraje, que condenaron a España a indemnizar a fondos de inversión internacionales tras la supresión retroactiva de las primas a las energías renovables, una medida implementada por el Gobierno en 2013.
La Escalada de los Embargos
La cifra bloqueada, que supera los 200 millones de euros, representa uno de los mayores embargos sufridos por España en el extranjero por este concepto. Los fondos afectados por los recortes, que buscan la ejecución de las sentencias arbitrales, han optado por la vía judicial en terceros países ante la negativa del Gobierno español a abonar la totalidad de las compensaciones.
El conflicto se remonta a las reformas regulatorias que eliminaron las primas y la rentabilidad garantizada a las plantas fotovoltaicas y eólicas instaladas bajo un marco legal previo. Los inversores afectados, amparados por el Tratado de la Carta de la Energía, acudieron a arbitrajes internacionales, que en 26 ocasiones han fallado a su favor.
«La reiterada desestimación de los recursos de España en foros internacionales y la acumulación de intereses elevan el coste de cada litigio.»
Activos en el Extranjero en Riesgo
La acción de la justicia belga, que interviene directamente fondos de una empresa pública en un tercer país, subraya la vulnerabilidad de los activos estatales españoles en el extranjero. Este caso se suma a otros intentos de embargo autorizados por tribunales en países como Reino Unido y Estados Unidos, donde se han intentado bloquear propiedades y cuentas bancarias, incluso en relación con instituciones como el Instituto Cervantes.
El Gobierno español ha defendido en los tribunales que el pago de estas indemnizaciones a inversores de la Unión Europea supondría una «ayuda de Estado ilegal» según la normativa comunitaria. Sin embargo, este argumento ha sido rechazado sistemáticamente en los procesos de ejecución de los laudos fuera de España.
Los inversores, representados por diversos fondos internacionales, insisten en que el actual escenario de litigiosidad es «perfectamente evitable» si el Estado cumple con las condenas arbitrales. Mientras tanto, la factura total pendiente de España por laudos y costas procesales sigue creciendo, situándose, según estimaciones de los acreedores, en cerca de $1.870 millones de euros.
La noticia de este nuevo embargo intensifica la presión sobre el Ejecutivo para buscar un acuerdo que ponga fin a un conflicto que no solo impacta en las arcas públicas, sino que también erosiona la seguridad jurídica de España de cara a la inversión extranjera.
