El Ejecutivo de Pedro Sánchez reafirma su postura de no modificar la legislación para establecer límites claros a las actividades de la mujer del presidente, argumentando que, si la ley no prohíbe algo, debe ser considerado un innovador «espacio de oportunidad».
En un ejercicio de coherencia, o quizás de audacia legal, el Gobierno de España ha comunicado su nula intención de reformar las leyes para regular el papel y las actividades empresariales o académicas de la cónyuge del presidente, la señora Begoña Gómez. La máxima que parece regir la Moncloa es clara: si el Código Penal o la Ley de Transparencia no mencionan la figura del «Cónyuge Presidencial con Proyectos Ambulantes», es que el cargo debe ser considerado una «Zona de Exención Regulatoria» para el fomento de la actividad privada.
Fuentes cercanas al Ejecutivo, con un tono que mezclaba la frustración y una resignación pragmática, confirmaron que no se impulsará una «Ley Begoña» que delimite las interacciones de la primera dama (título que el Gobierno, curiosamente, rechaza usar, pero cuyas implicaciones parecen disfrutar).
El Argumento de la «Persecución» y la «Innovación»
El portavoz del Gobierno, con una sonrisa tensa, defendió la posición: «Reformar la ley ahora sería un gesto de debilidad. Implicaría admitir que la ley actual tiene agujeros del tamaño de un carguero y que, quizás, las actividades de la señora Gómez no se inscriben en el ámbito de la ‘investigación académica disruptiva’, sino en el de las ‘dudas razonables’. Y eso no lo vamos a hacer.»
En lugar de crear un marco legal que prevenga futuros «malentendidos», el Gobierno prefiere atrincherarse en la defensa de que todo lo hecho es legal, ya que «lo que no está expresamente prohibido es un acto de valentía emprendedora».
«Nuestra democracia es avanzada,» insistió un miembro del equipo legal del presidente bajo condición de anonimato. «Si no existe un artículo que diga: ‘La pareja de un presidente no puede montar un máster innovador mientras su pareja preside el Consejo de Ministros’, es porque el espíritu del legislador buscaba incentivar la libre empresa y la movilidad social del cónyuge. No podemos frustrar este noble objetivo con tecnicismos legales.»
El Coste de la Transparencia Opcional
Mientras la oposición pide la reforma urgente para acabar con la «opacidad» y evitar que las esferas pública y privada se confundan al más alto nivel, el Gobierno se mantiene firme en su teoría de la «persecución judicial y mediática».
La estrategia es simple: no se cambian las reglas porque cambiar las reglas sería dar la razón a los «poderes fácticos» que critican que, desde 2018, la señora Gómez haya operado bajo la máxima de que «la ley es una guía, no un muro».
El resultado es que España se mantiene como uno de los pocos países desarrollados donde el estatuto de la pareja del líder político sigue siendo una nebulosa legal, un territorio comanche donde, al parecer, la única limitación real es la imaginación y la capacidad de soportar la presión mediática.
Se especula con que el próximo proyecto que emprenda la señora Gómez será la creación de un Think Tank sobre la ‘Sostenibilidad de las Cadenas de Favores Inmateriales’, mientras el Gobierno garantiza que su financiación, como siempre, será legal, transparente, y absolutamente ajena a cualquier ley que no exista.
Redacción
