La regularización extraordinaria de personas inmigrantes en situación administrativa irregular tendría un efecto limitado sobre la sostenibilidad del sistema público de pensiones en España. Según las estimaciones recogidas en un reciente informe elaborado por la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), una medida de estas características aportaría aproximadamente 0,03 puntos porcentuales del Producto Interior Bruto (PIB) a la financiación del sistema.

El estudio analiza el impacto económico de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para la regularización extraordinaria de cerca de medio millón de personas migrantes que actualmente residen y trabajan en España sin autorización administrativa. Sus autores concluyen que la incorporación de estos trabajadores al mercado laboral formal incrementaría la recaudación por cotizaciones sociales y tributos, aunque su efecto sobre el equilibrio financiero de las pensiones sería moderado.

Los expertos señalan que el principal beneficio de la regularización no radica exclusivamente en el refuerzo de las cuentas de la Seguridad Social, sino en la reducción de la economía sumergida, la mejora de las condiciones laborales y el aumento de la productividad. La formalización del empleo permitiría aflorar actividades económicas que actualmente escapan al control administrativo y reforzaría la protección social de miles de trabajadores.

Según las proyecciones del informe, el impacto positivo sobre las pensiones se concentraría especialmente en el corto y medio plazo, debido a que la mayoría de las personas susceptibles de ser regularizadas se encuentran en edad laboral activa. No obstante, los investigadores advierten de que las dinámicas demográficas y el envejecimiento de la población continúan siendo los principales retos estructurales del sistema público de pensiones.

La propuesta de regularización extraordinaria continúa su tramitación parlamentaria tras la admisión a trámite de la ILP en el Congreso de los Diputados, respaldada por más de 600.000 firmas. Diversas organizaciones sociales y sindicales defienden que la medida contribuiría a garantizar derechos fundamentales y a mejorar la integración de la población migrante, mientras que sus detractores cuestionan su eficacia como herramienta para asegurar la viabilidad financiera del sistema de protección social.

El debate sobre la sostenibilidad de las pensiones y el papel de la inmigración en el mercado laboral español ha cobrado especial relevancia en los últimos años. Organismos nacionales e internacionales coinciden en que la llegada de trabajadores extranjeros contribuye a mitigar el impacto del envejecimiento demográfico, aunque advierten de que, por sí sola, no constituye una solución definitiva al desafío que plantea la evolución de la pirámide poblacional.