El presidente de la Generalitat sostiene que el Ayuntamiento de Villena redujo un 70 % la partida de seguridad del museo y recuerda que la vigilancia de un centro de titularidad municipal corresponde al consistorio
El presidente de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, ha desvinculado al Gobierno autonómico de la reducción de la partida destinada a la seguridad del Museo de Villena (MUVI), escenario del robo de gran parte del Tesoro de Villena el pasado 27 de agosto. Pérez Llorca ha asegurado que la partida se redujo en un 70 % y ha atribuido esta decisión al Ayuntamiento de Villena.
Las declaraciones fueron realizadas este miércoles en Agost, durante el acto institucional de presentación de la campaña de 2026 de la Denominación de Origen Protegida Uva de Mesa del Vinalopó. Preguntado por las manifestaciones del alcalde de Villena, Fulgencio Cerdán, quien había señalado a la Generalitat como última responsable de las condiciones de seguridad del museo, el president pidió evitar una confrontación entre administraciones.
“Cada uno tiene que ser responsable de las competencias que tiene”, señaló Pérez Llorca, quien añadió que “las competencias de vigilancia de un museo municipal las tiene el Ayuntamiento”.
El jefe del Consell manifestó que desconoce los motivos concretos por los que se habría producido la reducción presupuestaria y evitó valorar la decisión municipal. No obstante, insistió en que la disminución de la partida es, a su juicio, un hecho y que la Generalitat no es responsable de ella.
El Ayuntamiento niega que se haya recortado la seguridad
Las declaraciones del presidente autonómico han provocado una inmediata respuesta del equipo de Gobierno de Villena. El portavoz municipal, Javier Martínez, ha negado categóricamente que el Ayuntamiento haya reducido la seguridad del MUVI en un 70 % y ha acusado a Pérez Llorca de interpretar de manera incorrecta las partidas presupuestarias.
Según Martínez, la explicación se encuentra en la propia naturaleza de las inversiones en seguridad. El Ayuntamiento realizó una inversión inicial importante para instalar los sistemas de protección del museo y, una vez ejecutada esa inversión, los ejercicios posteriores pasan a recoger principalmente los gastos de mantenimiento dentro del gasto corriente.
“Las inversiones no son lineales ni repetitivas todos los ejercicios”, ha explicado el concejal, que sostiene que una reducción de la partida de inversión no implica necesariamente una reducción de las medidas de seguridad existentes.
El portavoz municipal también ha defendido que las condiciones de protección del museo estaban garantizadas y ha recordado que la propia Conselleria de Cultura disponía de la documentación relativa a las instalaciones. Martínez ha reclamado al presidente de la Generalitat “rigor” y “responsabilidad” a la hora de interpretar los datos presupuestarios.
Una disputa que se traslada al ámbito competencial
El enfrentamiento entre ambas administraciones se produce mientras continúa la investigación sobre el robo del Tesoro de Villena, uno de los episodios más graves sufridos por el patrimonio cultural de la ciudad.
El Ayuntamiento sostiene que la Generalitat tuvo la última palabra en 2024 a la hora de validar las condiciones del MUVI para albergar y exponer el conjunto arqueológico. Pérez Llorca, por su parte, diferencia esa cuestión de la vigilancia ordinaria del museo y mantiene que esta corresponde al Ayuntamiento por tratarse de un centro de titularidad municipal.
El pleno municipal aprobó este miércoles por unanimidad la creación de una comisión especial para analizar las circunstancias que rodearon el robo. La investigación deberá determinar, entre otras cuestiones, cómo estaban configurados los sistemas de seguridad, qué recursos estaban disponibles y qué decisiones fueron adoptadas por las distintas administraciones implicadas.
Mientras tanto, el cruce de declaraciones entre Generalitat y Ayuntamiento evidencia una disputa política sobre el reparto de responsabilidades. Pérez Llorca ha pedido evitar una “guerra de relatos”, mientras el Gobierno municipal insiste en que la reducción presupuestaria señalada por el Consell no equivale a un recorte efectivo de la seguridad del museo.
La comisión especial y las investigaciones abiertas deberán aportar ahora datos objetivos que permitan esclarecer si existió realmente una reducción de las medidas de protección y, en su caso, qué administración tenía capacidad y responsabilidad sobre las decisiones adoptadas.
