La investigación por corrupción en contratos públicos se extiende más allá de Europa; los investigadores analizan conexiones en cuatro países clave
Madrid – La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha ampliado la investigación sobre la llamada trama Koldo a cuatro países fuera del entorno europeo: Armenia, Senegal, Túnez y República Dominicana. Esta expansión del caso pone de manifiesto la creciente dimensión internacional de una red que, presuntamente, desvió millones de euros mediante contratos públicos irregulares durante la pandemia.
Según fuentes cercanas a la investigación, los agentes han detectado movimientos bancarios, sociedades instrumentales y relaciones comerciales con vínculos sospechosos en estos países, lo que ha llevado a activar protocolos de cooperación internacional a través de Interpol y Europol. El objetivo es seguir el rastro del dinero y destapar posibles ramificaciones de la red de corrupción que orbitaba alrededor de Koldo García, exasesor del exministro José Luis Ábalos.
Una red con tentáculos globales
Los países señalados no son casuales. Las pesquisas de la UCO apuntan a que en Armenia y Túnez podrían haberse utilizado empresas pantalla para canalizar comisiones a cambio de intermediación en la venta de material sanitario. En Senegal, por su parte, se analizan contratos relacionados con proveedores de mascarillas y equipos médicos de dudosa trazabilidad. En República Dominicana, los investigadores centran su atención en sociedades que habrían sido utilizadas para blanquear dinero a través de inversiones inmobiliarias y turísticas.
Los agentes trabajan ahora en identificar a los verdaderos beneficiarios de las cuentas y estructuras opacas localizadas en estos países. Varios documentos intervenidos en registros realizados en España —así como correos electrónicos y facturas— apuntan a que parte del dinero obtenido mediante adjudicaciones públicas acabó desviado a entidades en estos destinos.
Nuevas piezas en un puzle en expansión
El caso, que estalló en febrero de 2024, comenzó como una investigación sobre sobrecostes en contratos de emergencia para la compra de mascarillas y material sanitario durante la crisis del COVID-19. Sin embargo, la instrucción ha ido destapando una compleja red de intermediarios, testaferros y sociedades pantalla con conexiones en varios continentes.
El juez que dirige la causa, con sede en la Audiencia Nacional, ha autorizado nuevas comisiones rogatorias a los cuatro países implicados para obtener información bancaria y societaria. Además, se han abierto líneas de colaboración con agregados diplomáticos españoles y agencias de inteligencia económica.
Silencio en el entorno político
Mientras la investigación se ramifica, el entorno político guarda un tenso silencio. El exministro Ábalos, cuya figura ha quedado salpicada aunque no está formalmente imputado, ha negado reiteradamente su implicación directa en los hechos. Sin embargo, la aparición de su exasesor como epicentro de la trama ha generado un profundo malestar en el PSOE y ha alimentado las críticas de la oposición, que exige explicaciones más contundentes desde La Moncloa.
Desde el Ministerio del Interior, del que depende la Guardia Civil, se ha confirmado que se colabora “sin restricciones” con la Justicia y que se están destinando todos los recursos necesarios para desentrañar el caso.
Una investigación que no ha dicho su última palabra
La dimensión internacional de la trama Koldo podría convertir este caso en uno de los mayores escándalos de corrupción recientes en España. La combinación de contratos opacos, comisiones millonarias y estructuras offshore en varios países sitúa la investigación en un nuevo nivel de complejidad.
Los investigadores no descartan que, a medida que avancen las pesquisas, se incorporen más países y se destapen nuevas redes. “Estamos siguiendo el dinero, y el dinero no entiende de fronteras”, señalan desde la UCO.