El Partido Popular de Villena ha puesto sobre la mesa una reclamación que, más allá del color político, toca una fibra sensible de la vida local: el atasco en la tramitación de licencias de obra. Su petición de un plan de choque para agilizar los expedientes no es solo una cuestión técnica, sino una llamada de atención sobre un problema que lleva años afectando a vecinos, empresas y al propio desarrollo de la ciudad.
Detrás de cada licencia pendiente hay una historia concreta: una familia que no puede empezar su reforma, un promotor que retrasa su inversión, un negocio que no despega. La lentitud administrativa no es una molestia abstracta; es un freno económico y social que erosiona la confianza ciudadana en las instituciones.
Villena, como tantas otras ciudades medianas, sufre una realidad conocida: departamentos municipales saturados, falta de personal técnico y procedimientos lentos. Pero reconocerlo no basta. Hace falta voluntad política, coordinación y, sobre todo, soluciones. La administración local debe ser una aliada del desarrollo, no un obstáculo burocrático.
El plan de choque que propone el PP —si se formula con rigor y sin partidismo— podría ser una oportunidad para modernizar la gestión urbanística, incorporar herramientas digitales y reforzar la plantilla técnica. No se trata de prometer rapidez a cualquier precio, sino de garantizar eficacia sin perder control ni transparencia.
Porque cuando la burocracia se convierte en un muro, la ciudad deja de avanzar. Y Villena, con su potencial industrial y urbanístico, no puede permitirse quedarse quieta mientras otros municipios facilitan lo que aquí se atasca.
Quizá esta vez el debate político sirva para algo más que cruzar reproches. Quizá sea el momento de que todos —gobierno y oposición— se arremanguen juntos para que el papel no siga deteniendo el progreso.