El Gobierno de Finlandia ha aprobado una nueva legislación que prohíbe la venta de propiedades inmobiliarias a ciudadanos de Rusia y Bielorrusia, como parte de su estrategia para reforzar la seguridad nacional ante la creciente tensión con Moscú. La medida, anunciada este lunes, entrará en vigor de forma inmediata y afecta tanto a la compra de terrenos como de viviendas.
Según el Ministerio del Interior finlandés, la decisión responde a motivos de defensa y protección de infraestructuras estratégicas, especialmente en zonas cercanas a la frontera con Rusia, de más de 1.300 kilómetros de longitud. El Ejecutivo asegura que en los últimos años se han detectado compras sospechosas de propiedades por parte de personas vinculadas, directa o indirectamente, al Kremlin.
“Estamos ante una situación geopolítica extraordinaria que exige medidas preventivas. No se trata de una acción contra individuos, sino de proteger los intereses fundamentales del país”, afirmó la ministra del Interior, Mari Rantanen.
Contexto de tensión con Moscú
Desde el inicio de la guerra en Ucrania en 2022 y la posterior adhesión de Finlandia a la OTAN en 2023, las relaciones entre Helsinki y Moscú se han deteriorado de forma considerable. La frontera finlandesa ha sido objeto de presiones híbridas, incluidas oleadas de migración irregular supuestamente inducidas, y amenazas de represalias por parte de Rusia.
El Gobierno ya había limitado en 2023 el acceso de ciudadanos rusos a visados turísticos, y en 2024 se establecieron controles estrictos para inversiones extranjeras en sectores sensibles. Ahora, la prohibición directa de compraventa de propiedades representa un paso más en ese endurecimiento.
La medida incluye a Bielorrusia
La ley también afecta a los ciudadanos de Bielorrusia, país considerado aliado estratégico de Moscú y que ha respaldado activamente la invasión de Ucrania. La inclusión de bielorrusos busca evitar el uso de intermediarios para sortear las restricciones, según explicaron fuentes gubernamentales.
Excepciones y control estatal
Solo se permitirán adquisiciones en casos “de interés humanitario o con autorización especial del Estado”, previa revisión por parte del Ministerio de Defensa. Además, se prevé una auditoría nacional de propiedades adquiridas por ciudadanos rusos y bielorrusos en los últimos 15 años, con la posibilidad de aplicar restricciones o expropiaciones en casos considerados de riesgo.
Reacciones
Desde Moscú, el Ministerio de Asuntos Exteriores ha calificado la decisión de “acto hostil y discriminatorio”, advirtiendo de posibles represalias diplomáticas. Por su parte, Bruselas ha evitado pronunciarse directamente, pero fuentes comunitarias aseguran que otros países del Báltico podrían seguir el ejemplo finlandés en las próximas semanas.
La decisión marca un nuevo hito en el progresivo aislamiento de Rusia en Europa del Norte, mientras Finlandia fortalece sus defensas internas frente a una amenaza percibida como creciente y persistente.