El Tribunal Supremo ha dado un nuevo paso en el procedimiento judicial contra el decreto de regularización extraordinaria de inmigrantes aprobado por el Gobierno y ha iniciado los trámites para valorar el planteamiento de una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).

La Sala de lo Contencioso-Administrativo ha acordado escuchar previamente las alegaciones de la Abogacía del Estado y de los gobiernos de Aragón y de la Comunidad Valenciana antes de decidir si eleva la consulta a la justicia europea. El objetivo es determinar si determinados aspectos del decreto son compatibles con la normativa comunitaria en materia de inmigración y asilo.

La decisión no supone que el TJUE vaya a pronunciarse de forma inmediata ni implica la suspensión automática del proceso de regularización. Se trata de una fase previa en la que el Supremo analiza si existen dudas interpretativas sobre el Derecho de la Unión que justifiquen solicitar un criterio vinculante al tribunal con sede en Luxemburgo.

El proceso extraordinario de regularización impulsado por el Ejecutivo ha recibido alrededor de 1,3 millones de solicitudes, una cifra que supera ampliamente las previsiones iniciales del Gobierno. La medida está dirigida a personas extranjeras que cumplían determinados requisitos de residencia y ausencia de antecedentes penales, con el objetivo de facilitar su incorporación al mercado laboral y al sistema de protección social.

Desde su aprobación, el decreto ha sido objeto de diversos recursos por parte de comunidades autónomas, organizaciones y formaciones políticas que cuestionan tanto su encaje jurídico como sus posibles efectos sobre la política migratoria y el funcionamiento del espacio Schengen. En mayo, el Tribunal Supremo rechazó suspender cautelarmente la aplicación de la norma mientras estudia el fondo de los recursos, permitiendo que el proceso continuara su curso.

Si finalmente el Alto Tribunal plantea la cuestión prejudicial, corresponderá al TJUE interpretar si la regulación española se ajusta al marco legal europeo. La respuesta del tribunal europeo serviría como referencia obligatoria para que el Supremo dicte posteriormente sentencia sobre la legalidad del decreto.

Mientras tanto, la tramitación de las solicitudes de regularización continúa conforme al calendario previsto por el Gobierno, a la espera tanto de las resoluciones administrativas como de la evolución del procedimiento judicial.